29 de noviembre de 2010

Llamada a desempeñar un papel preponderante en la modernización del país, la COFETEL (Comisión Federal de Telecomunicaciones) ha naufragado en el océano de los intereses mercantiles y en la impericia de sus directivos

Esta institución es la principal responsable de conducir la política de telecomunicaciones del país, desde que se creó a raíz de su “privatización”.  El Titular del Ejecutivo Federal expuso en su iniciativa de reforma al texto del artículo 28 constitucional, que el Estado carecía de los recursos económicos para enfrentar el gran reto financiero y tecnológico que implicaba mantener a su cargo estas actividades de gran relevancia para el presente y porvenir de nuestra economía, al aprobarse en marzo de 1995 y con ello ser trasladados la comunicación vía satélite y los ferrocarriles, de las actividades estratégicas –reservadas al Estado- a las prioritarias -de economía mixta-.

De esta gran decisión constitucional nacieron tres meses después las leyes reglamentarias que ahora regulan las fuerzas del mercado en tales sectores económicos y posteriormente la COFETEL, por decreto presidencial publicado el 9 de agosto de 1996.  Su creación puede decirse que obedeció a un diseño atropellado porque la recién expedida ley federal de telecomunicaciones no mencionó nada acerca de las atribuciones que debería tener la institución naciente, para dejar a un decreto presidencial la organización y facultades necesarias a fin de regular y promover el desarrollo eficiente de las telecomunicaciones en el país.

Este sólo hecho hizo que las atribuciones de la propia COFETEL fueran compartidas con la Secretaría de Comunicaciones, su mando superior.  Tal condominio de facultades se convirtió finalmente en un conflicto de responsabilidades estatales “sabiamente” resuelto por el Congreso de la Unión, al trasladar literalmente las responsabilidades que le otorgaba el decreto de creación de la Comisión a la ley federal de telecomunicaciones en sus reformas del 2006, adicionándolas con las atribuciones relativas a la radio y la televisión en materia de uso y aprovechamiento del espectro radioeléctrico.

Este fortalecimiento jurídico de la Institución facilitó la conducción de la política de gobierno en la materia, reforzado por el hecho de que un año después una minoría de senadores logró que la Suprema Corte de Justicia de la Nación invalidara parte la reforma de 2006 a la citada ley y a la de radio y televisión, en lo relativo a la renovación de concesiones otorgadas a las empresas radiodifusoras y al pago de las contraprestaciones respectivas por la explotación de las vías generales de comunicación, esto es, el espacio aéreo.

Sin embargo, la Comisión sigue siendo un órgano desconcentrado y su supuesta autoridad técnica queda en entredicho porque la línea de autoridad de mando viene directamente de su cabeza de sector, es decir, de la Secretaría del ramo.  Asimismo, la incertidumbre jurídica penetra la dirección del organismo ya que ni el decreto presidencial que lo creó –en 1996- ni su reglamento interno –de 2006- se han actualizado respecto de la cantidad de directivos, cinco comisionados, consignado en la reforma de la ley del 2006.

De ninguna manera quiero expresar que la COFETEL no trabaje en la construcción del marco jurídico de las telecomunicaciones como lo muestra la decena de ordenamientos reglamentarios de la ley, vigentes a la fecha, todos ellos regulaciones trascendentes excepción hecha, claro está, del reciente registro de telefonía móvil y del reglamento de la propia ley, vigente desde octubre de 1990.

La COFETEL en este momento es la institución más relevante para ejercer la rectoría de las telecomunicaciones.  Es cierto, ha sido fortalecida hacia el interior del aparato estatal y de ahí probablemente las constantes disputas de apoderarse del ejercicio de su mando, a las que no escapan las impericias del presidente de la República.

El interés político que ha suscitado esta institución, a mi modo de ver, está en la capacidad jurídica que ha adquirido para enfrentar los obstáculos de las prácticas monopólicas prevalecientes en las redes públicas de telecomunicaciones y los servicios de radiodifusión, de tan elevada incidencia en los procesos electorales y sus consecuentes propósitos democráticos, o de entregar estas herramientas de disuasión colectiva al interés mercantil arropado en la contienda política, que ha tenido la capacidad de neutralizar los efectos de los mecanismos de equidad electoral incorporados al texto constitucional en el 2007.

En el propósito de hacer algo por mejorar el papel de la COFETEL y el ejercicio pleno de sus responsabilidades, no parece mala la idea de convertirla en un órgano constitucional autónomo, pero finalmente su cuerpo directivo tendría que ser nombrado a propuesta del Ejecutivo Federal y la ratificación de alguna de las cámaras del Congreso Federal, si nos atenemos al procedimiento que se ha seguido en la creación de los organismos autónomos existentes.  Con ello no dejaría de darse la presencia de los intereses económicos en el seno del Poder Legislativo, donde los representantes empresariales están cómodamente instalados en sus curules desde hace varias legislaturas, a lo cual se suma el apetito de los partidos políticos.